“Si no se le da voz a la ciudadanía para influir en los contenidos de la nueva constitución, eso puede ser explosivo”

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La entrevista a la politóloga Claudia Heiss donde explica didácticamente por qué hay que cambiar la Constitución es uno de los textos más leídos en CIPER desde el estallido del 18/O. Aquí, con la misma claridad, Heiss aborda las fases que vienen. Explica por qué no podemos hacer una nueva constitución sin los partidos, como muchos anhelan; aunque cree que los partidos, para ser útiles deben vivir profundas reformas. Contra quienes sostienen que la convención tiene que estar dominada por especialistas, argumenta que lo relevante no es la experticia de los miembros sino si el conjunto da cuenta de la diversidad de la sociedad chilena. Ubicando a los expertos como asesores insiste en que es menos grave que el texto final tenga algunas imperfecciones jurídicas y mucho más grave si no sintoniza con lo que las personas quieren. Cree también que las personas no se deben ir a la casa luego de la votación de abril; deben tener voz en la discusión que tengan los constituyentes: “si no se le da voz a la ciudadanía para influir en los contenidos de la Constitución eso puede ser explosivo.”, explica.

La politóloga Claudia Heiss es la actual jefa de carrera de Ciencia Política en la Universidad de Chile. En 2019 integró la Comisión Técnica para el proceso constituyente, representando a Revolución Democrática, partido en el que milita desde 2016.

-Una de las cuestiones que quedó en evidencia con el plebiscito es que, al elegir Convención Constitucional, la mayoría no quiere que participen los partidos políticos que están en el Parlamento. Y lo que se ha visto es que los partidos de inmediato se han puesto a trabajar en función del proceso que se viene. De ahí se me vienen algunas dudas: ¿Se puede hacer esto sin partidos? o ¿es un sistema pensado para que los partidos políticos dominen el proceso constituyente?

Ese es el problema más complejo y estructural del proceso constituyente y no tiene fácil solución. No creo que se pueda hacer este proceso sin los partidos. En Islandia, por ejemplo, se intentó un proceso constituyente completamente ciudadano, a partir de una movilización que era, en parte, contra los partidos y la clase política. La ciudadanía no quería nada con ellos, algo parecido a lo que pasó en Chile. Entonces se creó un proceso muy incluyente, muy amplio, con mecanismos para recoger opiniones a través de internet, con un sistema que se llama de “crowdsourcing”. Y se crearon asambleas bien masivas. Pero, finalmente, no hubo nueva Constitución en Islandia. Y eso es porque los partidos y el sistema político siguen estando ahí y siguen siendo necesarios. Entonces, efectivamente la distancia de la votación entre la comisión mixta y la convención constitucional apunta al rechazo a los partidos y al Congreso, pero pienso que lo que debiéramos tratar de hacer es construir puentes entre la ciudadanía y las elites políticas que ya han estado en el poder. Hay que tener en cuenta que las democracias requieren de partidos políticos, es decir, de organismos que medien entre las preferencias, los valores, las ideas políticas que tiene la ciudadanía y la esfera de la toma de decisiones.

¿Necesitamos que haya un nuevo 18/O pero ahora dentro de los partidos, tal vez organizado por los militantes? 

Es difícil que eso ocurra porque, precisamente, la cantidad de personas que milita o incluso simpatiza con partidos políticos es bajísima. Sí sería bueno que dentro de los propios partidos hubiera más tiraje de la chimenea, más oportunidades para la militancia más joven, para las mujeres y para grupos que, también al interior de los partidos, han sido marginados. Pero al mismo tiempo creo que se necesita un diálogo ciudadano más allá de los partidos. Una acción más sostenida con las organizaciones sociales y las dirigencias con anclaje territorial. Los partidos se han manejado demasiado de arriba hacia abajo y desde Santiago a las regiones. Eso se tiene que revertir.

Veamos ahora cómo se hace para que este proceso no se lo tomen los partidos. ¿Un liderazgo social puede llegar a la constituyente? La Ley 21.216 de marzo del 2020 estableció que los independientes pueden hacer listas, pero entiendo que no estableció un número de ellos. 

-Un independiente que va solo tiene muy poca chance de competir con los partidos porque tenemos un sistema de cifra repartidora por lista. Ahora, ese sistema apunta a generar proyectos colectivos y coaliciones que representen una idea más que a personas que compitan como individuos, lo que me parece una virtud. Pero un efecto es también que para una persona sola la competencia es muy difícil. La ley da la opción de hacer listas de independientes, pero la idea de que estas compitan con las listas de partidos tampoco es tan buena. Yo creo que es mejor pensar ya sea en listas de independientes que puedan pactar con las listas de partidos o en independientes que vayan dentro de las listas de partidos más afines a ellos.

Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Han aparecido los partidos ofreciendo el 50% de sus cupos, otros ofrecen más, el 70% de los cupos. 

-Significa que están acusando recibo del mensaje de la ciudadanía. Ojalá que esto no sea sólo para las listas de los candidatos a la convención, sino que haya una apertura mayor a renovar los liderazgos de los partidos. Los militantes de base de un partido muchas veces son personas con ideales, igual que los independientes. O sea, un militante de base que trabaja en su zona por una idea, no es tan distinta de una persona que trabaja en su zona por un tema de la agenda específica. Pero, efectivamente, hay una combinación muy perniciosa entre el elitismo que han tenido nuestros partidos -que han actuado mucho más como máquinas de poder que como canalizadores de demandas en los últimos años y se han desvinculado de las bases-, y una concepción un poco neoliberal, que también está dada por el sistema político, creado para reducir el papel de los partidos políticos. A Jaime Guzmán y a Pinochet no les gustaban los partidos políticos. Trataron de reducir su influencia lo más posible en la vida pública, y la Constitución del 80 le quitó capacidad de agencia a los partidos y capacidad de producir cambios. Entonces, hay una mezcla entre la elitización de las cúpulas partidarias y esta idea de que pareciera más virtuoso que alguien esté representando a un gremio que una idea política. A mí eso no me parece bien.

¿NECESITAMOS EXPERTOS?

-Ya se está dando una disyuntiva de elección respecto de convencionales “expertos” versus “dirigentes”, ya sea sociales o políticos que, probablemente, no conocen el detalle técnico de cómo redactar un artículo en la constitución. Parece claro que este proceso constitucional, que va a ser largo, va a exigir competencias específicas para los convencionales. ¿Crees que el convencional debe ser un experto? ¿O puede serlo una persona cercana a los problemas que son atingentes para una buena cantidad de personas como la “dirigenta social de los sin casa”? 

 Construir una constitución es un proceso fundamentalmente político, y en ese sentido lo más importante es que estén representadas todas las visiones de la sociedad. Por eso lo más importante de la convención constitucional es que sea representativa de la diversidad que existe. El discurso tecnocrático de que solo los abogados constitucionalistas pueden hacer la Constitución -casualmente se lo he escuchado mucho a abogados constitucionalistas-, es una forma también de ejercer poder. Las comunidades de conocimiento son también comunidades de poder, y desarrollan su propio lenguaje para diferenciarse del resto y generar una especie de conocimiento oculto.

Los técnicos pueden querer hacer cláusulas que, en teoría suenen muy bien, pero que no sintonicen con las demandas de la ciudadanía. Y es mucho más importante sintonizar que tener innovaciones jurídicas. Esto, porque la Constitución no es un documento jurídico sino un pacto social, fundamentalmente político. Y yo creo que todas las ciudadanas y ciudadanos están capacitados para discernir sus preferencias cuando hay debate. Creo que lo más importante de la convención es la deliberación pública que se produzca. Cuando la gente discute, conversa, ve los pros y los contras y así puede tener una opinión informada. Cualquier ciudadano puede tener una opinión informada de acuerdo a sus principios, valores, ideologías, etcétera.

Un mecanismo para que no nos llenemos de candidatos de la oligarquía es algo que hoy no está presente. ¿Por qué?

Ese tema ha sido expresamente eludido, expresamente marginado de la discusión. Cuando fuimos a la comisión técnica a hacer la reforma constitucional para el proceso constituyente se habló del financiamiento de las campañas del apruebo y del rechazo, que era lo que venía más inmediato, y no hubo ninguna posibilidad de regular eso en la reforma constitucional. El día que empezaron las campañas se terminó regulando su financiamiento y salió la ley sobre el financiamiento del plebiscito, que es una ley distinta de la ley 18.700 para la elección de diputados. Pero en la convención constitucional va a regir la ley normal, que es una ley que garantiza que solo pueden ser candidatos los que tienen plata.  Mientras no desoligarquicemos la representación política va a ser imposible acortar esta brecha de representación entre instituciones políticas y la ciudadanía.

Si se establece la votación de 2/3 al final y la nueva constitución no consigue ese apoyo, ¿qué pasa? ¿Vuelve a la vida la constitución de Pinochet que acaba de recibir el 80 por ciento de repudio?

La convención tiene el mandato de someter un texto a plebiscito al cabo de un año de trabajo. Es poco probable que no se logre aprobar nada. Si la derecha lograra imponer la aprobación final por 2/3 podría vetar casi todo y lo que saldría de la convención podría ser rechazado por la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio de 2022. Y ahí seguiría vigente la Constitución de 1980. Esto quedó, a mi juicio, regulado de manera incorrecta en la reforma constitucional de diciembre, y así lo señalé en la comisión técnica

La norma hoy dice que si se rechaza la nueva constitución sigue la del 80, pero eso desconoce el mandato del plebiscito de entrada, que en este caso fue muy claro: un 80% del país quiere nueva constitución. Espero que no lleguemos a ese escenario.

fuente CiperChile

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